ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado ponente


AC2537-2017

Radicación n.°11001-31-03-040-2011-00518-01

(Aprobado en sesión de quince de marzo de dos mil diecisiete)


Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017).


La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad del libelo presentado por la parte demandada para sustentar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 6 de noviembre de 2015, en el proceso de la referencia.

I. EL LITIGIO


A. La pretensión


       Elvira Bahamón Molina demandó a Rodrigo Castilla Castilla y a Gustavo Castilla Castilla para que se declare simulado el contrato de compraventa que recayó sobre el 50% del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20025848 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, y se condene al primer demandado a «perder la porción que le corresponde…» y a restituirla doblada.  


       En forma subsidiaria, pidió que «se ordene la revocación» del citado negocio jurídico. (Folio 29, cuaderno 1)


B. Los hechos


1. Elvira Bahamón Molina y Rodrigo Castilla Castilla se casaron mediante rito católico el 8 de diciembre de 1979. (Folio 30, cuaderno 1)


2. Los esposos eran propietarios, por partes iguales, del inmueble  identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20025848 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.


3. El demandado presentó una demanda de divorcio, y el Juzgado Doce de Familia de Bogotá la admitió el 10 de febrero de 2011. (Folio 31, cuaderno 1)


4. En dicho trámite, el actor pidió como medida cautelar «el embargo y secuestro del ciento por ciento (100%) del derecho de dominio» sobre el inmueble mencionado, porque «formaba parte de los activos de la sociedad conyugal». Tal medida, finalmente, no se materializó.


5. Luego, mediante la escritura pública No. 477 de 7 de abril de 2011 de la Notaría Doce de Bogotá, Rodrigo Castilla transfirió a título de venta el 50% del citado bien a Gustavo Castilla.


6. El anterior negocio fue simulado y tuvo como fin «defraudar a su cónyuge»; el comprador es hermano del vendedor; el acto se realizó en el lapso que transcurrió entre la admisión de la demanda de divorcio y la notificación personal a la actora; para la fecha de la venta Elvira Bahamón Molina estaba adelantado un proceso de separación de bienes ante el Juzgado 18 de Familia de Bogotá; el comprador no ha recibido materialmente la cuota parte que adquirió, y aunque se dijo que quien enajenó permanecería como arrendatario, tal vínculo tampoco es real.


C. El trámite de las instancias


1. Admitida la demanda el 5 de octubre de 2011, se dispuso su traslado a los interesados. (Folio 40, cuaderno 1)


2. Los demandados se opusieron a las pretensiones. Alegaron que la venta no fue simulada; el precio se canceló mediante «el mecanismo de asumir el comprador la obligación de pagar… obligaciones que el vendedor tenía y aún tiene para con terceros…»; el negocio no afectó el patrimonio del vendedor y obró en provecho de la sociedad conyugal, pues la liberó de una carga financiera; la actora nunca ha trabajado; Gustavo Castilla pretendió comprarle el otro 50% a la demandante, lo que no aceptó; y sí se entregó el predio, aunque «mediante la figura del arrendamiento».


3. El juez de primera instancia, en providencia de 30 de julio de 2014, negó las pretensiones.


Sostuvo que no se demostró la simulación. El demandado, para la fecha de la venta, no sabía de la existencia del proceso de separación de bienes que cursaba en su contra. Se acreditó que para el momento de la negociación tenía un «desmesurado y creciente endeudamiento…», y por tal motivo no se probó que el contrato hubiese sido «un acto disfrazado o aparente».


4. La parte demandante apeló. Alegó que, aunque no se hubiera notificado a Rodrigo Castilla Castilla de la demanda de separación de bienes, tal circunstancia no impedía que se accediera al petitum, pues cuando vendió existían dos causas judiciales, una de divorcio y la mencionada de separación de bienes. Y no se apreciaron las demás pruebas, con las que se demostró que sí existió la simulación. 


5. El Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia de 6 de noviembre de 2015, revocó la providencia apelada y declaró «absolutamente simulado» el contrato de compraventa.


Consideró que se demostró la existencia del acto atacado. La demandante tenía interés legítimo para actuar por ser la esposa del vendedor y ser la demandada en un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico.  


Encontró acreditados varios indicios de la simulación. Hubo «causa simulandi», pues el vendedor buscó el desmejoramiento de su patrimonio a sabiendas del proceso de divorcio que promovió, lo anterior, con el propósito de que en la liquidación de la sociedad conyugal «le pudiera corresponder la mitad de lo que le pertenece a su cónyuge».


El comprador y el vendedor son hermanos, lo que hace «sospechoso el negocio jurídico», por la cercanía y afectos que crea la familia.


La compraventa coincidió con «la existencia de la acción de divorcio». Y aunque se alegó que al vendedor lo aquejaban problemas económicos, ellos existían desde el año 2009, y solo se desprendió del bien una vez presentó dicha demanda.


El vendedor retuvo la posesión, por lo que existió una ausencia de interés del comprador, quien, además, conocía de los conflictos existentes entre los esposos. Pese a que se dijo que aquél seguía como arrendatario, un hipotético proceso de restitución de inmueble no sería oponible a quienes los habitan, que eran la citada, copropietaria del mismo, y sus dos hijos, que no celebraron el contrato; también era inverosímil que para el pago del saldo del precio no se pactaran compensaciones y, por el contrario, se constituyera una nueva prestación mensual.


No era convincente el acuerdo según el cual el comprador, si así lo quisiere, podía cancelar el saldo del precio en un plazo de cuatro años, además de que el vendedor renunció a la condición resolutoria.


Las anteriores razones demostraron el fingimiento del acto. 


Precisó que el éxito de la acción no dependía de que «haya un detrimento patrimonial cuantificable». Así mismo, no desvirtuaba la simulación el hecho de que, para la fecha de la escritura, no se le hubiese notificado al vendedor la demanda de separación de bienes, pues antes de tal momento ya existía interés jurídico en uno de los cónyuges para demandar la simulación, ante la existencia del proceso de divorcio.


Finalmente, adujo que debía imponerse la sanción establecida en el artículo 1824 del Código Civil, porque se cumplieron los presupuestos allí contemplados. En consecuencia, condenó a Rodrigo Castilla Castilla a «perder la porción que le correspondía sobre el apartamento… y a restituirla doblada». (Folio 52, cuaderno Tribunal) 


6. Los demandados formularon el recurso de casación.



II.  LA DEMANDA DE CASACIÓN


La parte recurrente propuso nueve cargos.


CARGO PRIMERO


       Alegó que el Tribunal violó de forma indirecta los artículos 1766 del Código Civil por aplicación indebida, y 1796, 1830 y 1849 ejusdem y 4º de la Ley 28 de 1932, por falta de aplicación, por error de hecho, al no tener en cuenta «la prueba de las obligaciones a cargo del demandado». (Folio 16, cuaderno Corte)


       El Tribunal concluyó que el vendedor simuló la venta para sacar ventaja en la liquidación de la sociedad conyugal, con la sustracción de un activo. Sin embargo, no tuvo en cuenta la prueba de la difícil situación financiera por la que atravesaba en tal momento, debido a un cúmulo de obligaciones adquirido durante el matrimonio, que fue demostrado con los documentos que aportó.


El sentenciador no advirtió que el pasivo también hacía parte de la sociedad conyugal.          


CARGO SEGUNDO


       Con sustento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, alegó que la sentencia quebrantó indirectamente los artículos 63 y 1824 del Código Civil, por aplicación indebida, y 1796 y 1830 ejusdem y 4º de la Ley 28 de 1932 por falta de aplicación, por error de hecho al omitir «la prueba de las obligaciones a cargo del demandado…».

 

       El juzgador afirmó que el vendedor procedió con dolo al fingir el negocio, porque su objetivo fue obtener una ventaja. Sin embargo, no tuvo en cuenta sus diversas deudas, las que el comprador asumió «por monto igual al precio de venta», lo que alivió las cargas de la sociedad conyugal.


       Quien enajenó se desprendió de un activo, pero al mismo tiempo «adquirió otro por igual valor, como lo es su derecho de crédito en contra del comprador…». Y en ninguno de tales casos «el haber líquido social sufrió mengua alguna». (Folio 29, cuaderno Corte)


CARGO TERCERO


       Acusó la violación directa de los artículos 1766 y 1849 del Código Civil por falta de aplicación.


       El juzgador declaró la simulación absoluta, pese a que no se cuestionaron «los elementos esenciales a dicho acto jurídico, como su precio y pago». Negó «los hechos y las excepciones de la defensa… no por falta de prueba… sino por haber afirmado que ‘en nada modifica la decisión’ de declarar la simulación absoluta del contrato…».


       Los hechos de la contestación, según los cuales la venta fue «real y ajustada a la ley» fueron desechados con el argumento de que solo eran «lucubraciones» que no modificaban la decisión.


CONSIDERACIONES


1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente previstas.


Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración». (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700)


La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, a la par que es necesaria la mención de las partes y de la sentencia cuestionada, debe elaborarse una síntesis del proceso y de los hechos, y formular, por separado, los cargos en contra de la decisión recurrida, exponiéndose los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa, y no basados en generalidades.


Cuando se invoca la causal primera, se deben señalar las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, exigencia que, desde luego, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que en tales eventos «será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».


Sin embargo, no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.


En tal sentido, si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocación fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.


Al denunciar el yerro fáctico, al impugnante le corresponde identificar los medios de convicción sobre los cuales recae el equívoco del juzgador y demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.


Ha repetido la Sala que la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; no obstante, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)


Cuando la acusación se dirige por la vía directa, el impugnante debe poner de presente la manera como el sentenciador transgredió la norma sustancial, sin que sea válido hacer reproche alguno a la apreciación de las pruebas. Lo que caracteriza esa clase de ataque es su total prescindencia de la cuestión probatoria, pues se presenta «directamente, en línea recta, sin rodeos, sin el medio o vehículo de los errores en el campo probatorio» (CSJ, GJ. LXXXVIII, 657).


       2. Las acusaciones se inadmitirán porque no reúnen los requisitos establecidos por el legislador.


       2.1. En los cargos primero y segundo, el recurrente alegó la violación indirecta de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas. Expuso que para el ad quem el demandado Rodrigo Castilla Castilla simuló la venta para sacar ventaja en la liquidación de la sociedad conyugal que tiene con la demandante, pero llegó a tal conclusión sin valorar las pruebas de su difícil situación económica. No advirtió que con tal negocio alivió las cargas de la sociedad. Aunque se desprendió de un activo «adquirió otro por igual valor, como lo es su derecho de crédito en contra del comprador…», y, por ende, «el haber líquido social» no sufrió merma.


El juzgador accedió a declarar simulada la venta celebrada entre los demandados. Su decisión que sustentó en la prueba de la concurrencia de circunstancias que demostraron que la intención real de los negociantes no fue transferir el dominio. 


       Examinadas las razones que expresó el ad quem para declarar prosperas las pretensiones, y las acusaciones del censor, la Sala advierte que estas últimas son incompletas y carentes de precisión.


En efecto, fueron diversas las bases en las que el Tribunal apoyó su determinación: i) la existencia de la causa simulandi por parte del vendedor, que fue desmejorar su patrimonio personal «a sabiendas del proceso de divorcio que adelantó», incluso, en dicho trámite, inicialmente pidió el embargo de todo el bien y luego «cambió abruptamente su comportamiento al sustraer del haber de la sociedad conyugal el 50% del dominio del apartamento»; ii) la affectio, por el cercano vínculo de parentesco entre los contratantes; iii) el momento del acto, que coincidió «con la existencia de la acción de divorcio»; iii) el comprador no recibió materialmente el bien y conocía los conflictos de la pareja; iv) los citados quisieron ocultar el anterior hecho con un supuesto contrato de arrendamiento, a sabiendas de que no sería «extensivo» a los habitantes del predio, y las condiciones del pacto no eran verosímiles; y v) tampoco fueron convincentes «las características de satisfacción de la carga del comprador». Refirió, también, que la acción de simulación «no exige como elemento para su fertilidad, que haya un detrimento patrimonial cuantificable… sino que se establezca el fingimiento del acto jurídico».   


Las anteriores consideraciones, que fueron el pilar de la determinación atacada, no fueron cuestionadas por la parte recurrente, pese a que, como lo ha reiterado la Corte:


(…) cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jurídicas o fácticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extrañas a él, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginación, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01)


El censor, por el contrario, procedió a exponer su propia visión de la controversia. Explicó su particular opinión sobre la contienda, según la cual el negocio no fue simulado, porque para el momento en que se realizó, el vendedor sufría una difícil situación económica.


Sin embargo, no explicó de forma clara y precisa cuál fue el yerro evidente y trascedente del Tribunal al advertir la concurrencia de los múltiples indicios de simulación, atrás resumidos. Incluso, guardó silencio frente a su afirmación según la cual no era creíble que la venta hubiese sido motivada por problemas de dinero, porque tales inconvenientes venían de tiempo atrás, y Rodrigo Castilla solo quiso transferir el dominio luego de promovido el proceso de divorcio.


Recuérdese, además, que no basta para fundamentar la demanda de casación la sola opinión divergente del litigante en relación con las consideraciones del ad quem. Para que su recurso cumpla con los requisitos mencionados, su actividad:   


… debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de erróneamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterición o desfiguración de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visión del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus términos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01).

       

En los cargos reseñados, el recurrente no atendió las exigencias legales, porque planteó su inconformidad con lo resuelto tal y como si se tratara de un alegato de instancia. Lo que hizo fue quejarse porque, en su opinión, la simulación no existió, y hubo prueba de las deudas que acarreaba, con las que se demostró que no quiso sacar ventajas ante la demandante, ni actuó dolosamente.

Es decir, el impugnante simplemente opuso a la valoración del Tribunal –sobre la que recae la presunción de acierto- su propio estudio y conclusiones alternativas, sin que las mismas se adviertan como las únicas admisibles, pues:


… el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente; por el contrario, si la conclusión a la que llegó el ad quem, luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio se extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido por el fallador… (CSJ, SC. 11 de marzo de 1999, citada en AC. Feb. 22 de 2012, rad. 2009-00538-01)


El mencionado proceder no se ajusta a la técnica que se exige para la presentación de la demanda de casación, en donde es deber inexcusable de quien la promueve, cuando se alega la violación de la ley sustancial como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, que exponga mediante una confrontación específica, lo que la prueba dice y lo que el juzgador dejó de ver en ella o lo que tergiversó o distorsionó de la específica evidencia.


Cualquier razonamiento dirigido a que se vuelva a examinar la situación fáctica, por mostrar el casacionista una simple discordancia frente a la evaluación crítica del fallador, resulta estéril si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del desacierto que se produjo al apreciar las pruebas en las que se sustentó la decisión.


El impugnante no explicó la razón por la que su conclusión fuese la única posible, y, por ende, la acogida por el Tribunal fuera contraevidente, esto es, que hubiese desbordado los terrenos de la lógica y lo razonable. Tal proceder nada aporta en punto de identificar con exactitud las equivocaciones que se atribuyen al fallador.


Luego, en tales eventos, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración plena del inocultable yerro apreciativo.


       2.2. En la acusación tercera, el recurrente adujo que el Tribunal violó la ley de forma directa.


La Corte tiene definido que la violación directa se presenta en los casos en los cuales la norma en la que se funda el juzgador no es la pertinente para resolver el asunto, o deja de aplicar la que en verdad sí estaba llamado a gobernarlo y, finalmente, cuando a pesar de sustentar el caso en la norma que correspondía, se le atribuyen efectos diferentes a los que contempla la disposición.


       En dicho cargo, el recurrente manifestó que en la sentencia se violó de forma directa la ley sustancial, porque el Tribunal declaró la simulación absoluta aun cuando la demandante, en su libelo, no cuestionó «los elementos esenciales a dicho acto jurídico, como su precio y pago», y no accedió a declarar probadas sus defensas no por falta de prueba «sino por haber afirmado que ‘en nada modifica la decisión’ de declarar la simulación absoluta del contrato…», y descartó los hechos que refirió en la contestación.


Tal acusación no fue clara y precisa.


El censor, pese a que refirió la transgresión directa de la ley, se quejó por la valoración que el sentenciador hizo de la demanda –al no advertir que no se cuestionaron los elementos esenciales de la compraventa-, y de su contestación, al soslayar sus argumentos. 


Como lo ha reiterado esta Corporación, cuando la censura se enfila por la vía directa resulta impropio que «en la fundamentación del cargo enfrente las conclusiones a que ha llegado el tribunal en el examen de los hechos…». (CSJ G.J. CLXXXVIII, p.173)


En efecto:


… la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas. (G.J.T. CXLVI. STC. 20 de marzo de 1973) 


El impugnante, sin embargo, sustentó tal infracción en su opinión divergente sobre la valoración de los documentos que mencionó. Ciertamente, no explicó, de forma concreta, en qué consistió el desacierto jurídico por falta de aplicación de las normas que citó.


En todo caso, aun si se entendiese que lo alegado fue la infracción indirecta de la ley, el cargo tampoco reúne los requisitos legales, pues él solo contiene el planteamiento genérico de su inconformidad, pero sin confrontar íntegramente los fundamentos del fallo, ni señalar los errores evidentes y trascendentes de apreciación que lo condujeron a declarar probada la simulación absoluta del contrato de compraventa.


       Las anteriores razones imponen la inadmisión del cargo.

CARGO CUARTO


       Con sustento en el numeral 2º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, alegó que la sentencia no estuvo en consonancia con los hechos de la demanda, debido a que le impuso la sanción del artículo 1824 del Código Civil, porque concluyó que Rodrigo Castilla obró dolosamente por fingir la enajenación con el objetivo de sustraer el bien de la sociedad conyugal, «sin que ese mismo hecho hubiese sido invocado en la demanda, de manera concreta, específica y completa».


       En tal libelo nunca se relató en qué consistió el dolo, pues solo se afirmó que la venta se hizo para «defraudar a su cónyuge» y sustraer el bien de la sociedad conyugal, pero sin explicar el propósito de la supuesta defraudación o las ventajas obtenidas. El ad quem «dio contenido a tales afirmaciones» y llenó los vacíos de la demanda.


       Se equivocó también al no tener en cuenta que «la liquidación social incluye liquidar primero el pasivo de tal naturaleza».


CARGO QUINTO

       También con sustento en la causal segunda, alegó que la sentencia no estuvo «en consonancia con los hechos de la defensa», pues no tuvo en cuenta que el demandado «no tuvo ni pudo tener la intención de causarle daño a su cónyuge…», pues al momento del contrato «excluyó tantos pasivos por igual valor a dicho activo…». Transcribió apartes de su contestación.  


       Aunque el juzgador declaró imprósperas sus defensas, tal declaración obedeció «no a la falta de éxito o de prueba de dichas excepciones, sino a la mera determinación… de no escuchar los hechos en que se fundan».


       El sentenciador no tuvo en cuenta que al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, cada integrante hubiese recibido la misma cantidad de activos y pasivos. (Folio 42, cuaderno Corte)


CARGO SEXTO


       De igual forma, con fundamento en la causal segunda de casación, acusó al fallo de «no estar en consonancia con los hechos y peticiones de la demanda», porque declaró absolutamente simulada la compraventa, aun cuando, según su interpretación de la pretensión «D principal», lo allí escrito «supone en forma tácita la existencia de una donación». 

       

       La declaratoria que hizo no corresponde a petición alguna en tal sentido «con la precisión y claridad debidas».


CONSIDERACIONES


1. La incongruencia es un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento que se patentiza cuando la sentencia decide sobre puntos ajenos a la controversia, o deja de resolver los temas que fueron objeto de la litis, o realiza una condena más allá de lo pretendido, o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de mérito, cuando es del caso hacerlo.


Tal vicio comporta una inejecución de los preceptos procesales que establecen los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad del juzgador. Por ello, la doctrina procesalista ha sostenido que ese error se traduce en un verdadero «exceso de poder» al momento de proferir el fallo, pues el juez está «desprovisto del poder de pronunciar más allá de los límites dentro de los cuales está contenido el tema de la controversia». (CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. Pág. 266)


       El proceso civil contiene una relación jurídico–procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisión del juez quedan vinculados a los términos de la demanda y su contestación. En efecto, tiene dicho la Corte que:


Los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado, trazan en principio los límites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en él, todo en armonía con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; de ese modo se podrá establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas. (SC de 6 de julio de 2005. Exp.: 5214-01)


       En igual sentido, ha sostenido:


El precepto citado fija los límites dentro de los cuales debe el juzgador desarrollar su actividad decisoria, en forma tal que si los desborda, bien porque concede más de lo pedido por los litigantes, o provee sobre pretensiones no deducidas por ellos, u omite la decisión que corresponda sobre alguna de las pretensiones o excepciones en los términos fijados por la norma, incurre en un error de procedimiento, originado en la violación de la regla mencionada, que le impone el deber de asumir un específico comportamiento al momento de fallar, yerro para cuya enmienda está instituida la causal segunda de casación, mediante la cual puede lograrse la simetría que debe existir entre lo decidido en la sentencia y lo solicitado por los contendientes. (Sentencia de Casación Nº 042 de 26 de marzo de 2001. Exp.: 5562)


La facultad jurisdiccional del sentenciador al momento de emitir su decisión se encuentra demarcada, entre otras normas, por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:


… la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley… No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta…


       En ese orden, cuando el juez infringe el primer inciso del artículo 305 incurre en el vicio de inconsonancia por emitir una sentencia que decide sobre puntos ajenos a la controversia o deja de resolver los temas que fueron objeto de la litis. Incurre en incongruencia, además, cuando desconoce el mandato contenido en el segundo inciso de la citada disposición, esto es, cuando condena al demandado por cantidad superior o por objeto o causa distinta de la invocada en la demanda (ultra petita o extra petita).


       La aludida causal, en línea de principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del proceso no satisface al impugnante si la decisión –libre de excesos o abstenciones respecto de las pretensiones– recae sobre lo que ha sido materia del pleito. En tales situaciones, naturalmente, mal podría entenderse que se dejó de resolver sobre un extremo de la controversia o que se interpretó equivocadamente la demanda o se condenó más allá de lo que se pretendió.


2. En este caso, se advierte que los cargos formulados con sustento en la causal 2ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, no reúnen los requisitos establecidos por la ley. 


En censor, pese a acusar la falta de consonancia de la sentencia con los hechos y las pretensiones, y su contestación, lo que hizo fue quejarse de la indebida apreciación que el ad quem hizo de tales piezas.


Indicó que impuso la sanción del artículo 1824 del Código Civil, sin que se hubiese alegado «de manera concreta, específica y completa» que obró dolosamente, y al no tener en cuenta que «la liquidación social incluye liquidar primero el pasivo de tal naturaleza»; porque no escuchó los hechos de su defensa, en torno a que «no tuvo ni pudo tener la intención de causarle daño a su cónyuge…»; y declaró absolutamente simulada la venta sin que se hubiese realizado una petición en tal sentido «con la precisión y claridad debidas».


Es decir, pese a la invocación de la causal mencionada, lo que hizo fue exponer un quebrantamiento indirecto de la ley sustancial por una indebida apreciación de tales piezas, reproche propio de la causal primera.


Al respecto, la Corporación ha establecido que la:


… falta de congruencia resultante de la comparación objetiva del petitum, causa petendi, excepciones y la sentencia proferida (cas. civ. 22 de mayo de 2008, [SC-045-200], exp. 25151-3103-001-2003-00100-01), sea por exceso (ultra o extra petita), ya por defecto (minus petita), ora por invención de los hechos … es ajena a cualquier error de hecho o de derecho en la valoración fáctica o jurídica de las pruebas, y a todo eventual yerro interpretativo de la demanda o su respuesta, en el cual, podrá presentarse ‘un vicio in-judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casación’ (CXVI, p. 84, y CCXLVI, 1, 157)…‘ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoración probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisión (cas. civ. sentencia de 2 de junio de 2010, exp. 11001-3103-021-1995-09578-01),


La formulación de los cargos tampoco fue clara ni precisa, porque pese a que esgrimió el motivo de incongruencia, en su desarrollo cuestionó el criterio jurídico del juzgador al aducir que aquél accedió a las pretensiones, sin tener en cuenta que «la liquidación social incluye liquidar primero el pasivo… lo que lo condujo a afirmar que el ‘objetivo (del demandado), cual era sustraer de la liquidación de la sociedad patrimonial la porción que a él le correspondía sobre el mismo y sacar ventaja, dado que obtendría derecho a percibir la mitad de la cuota parte de la propiedad de la señora Bahamon Molina…». También que no advirtió que «no tuvo ni pudo tener la intención de causarle daño a su cónyuge y demandante», porque al momento de vender sacó ese activo de su haber y «excluyó tantos pasivos por valor igual a dicho activo, con lo cual, en últimas, la operación resultó… neutra».


Cuestionamiento que no guarda relación con la vía elegida, ya que: «...nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas...». (G.J. T., XLIX, pág. 307).


En tal orden, las críticas que se plantearon resultan extrañas a los asuntos susceptibles de discutirse a través de la causal que se invoca, pues exhiben una disparidad de criterio frente a las conclusiones del juzgador en su ejercicio de valoración de las pruebas y respecto de sus disquisiciones jurídicas, inconformidad de la que no se deriva la falta de consonancia de la sentencia con los hechos, pretensiones o excepciones en el litigio.


En todo caso, si tal acusación estuviese fundada en un error in iudicando, derivado de una violación indirecta de la ley por la errónea apreciación de las pruebas, y no in procedendo, la demanda tampoco cumpliría los requisitos para su admisión.


El impugnante no citó las normas sustanciales infringidas, ni explicó con precisión en dónde estuvo la apreciación errada del juzgador sobre las pruebas en las que asentó el fallo, ni confrontó los pilares de su decisión, aun cuando, como se ha reiterado, «no es suficiente la presentación de conclusiones empíricas distintas de aquéllas a las que llegó el Tribunal, pues la mera divergencia conceptual –por atinada que resulte, se agrega- no demuestra por sí sola error de hecho». (CSJ SC, 18 Dic. 2012, Rad. 2006-00104-01).


Por tales motivos se inadmitirán las acusaciones mencionadas.


CARGO NOVENO

       Con apoyo en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, adujo que en el proceso se configuró la causal de nulidad del numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.


       Pese a que en el proceso «no se incurrió en la omisión del término ni de la oportunidad para pedir pruebas», en el curso del mismo se negó el decreto de algunas con el argumento equivocado de ser inútiles, «irregularidad exactamente equivalente a haberle negado a dicha parte su oportunidad para pedir como para practicar pruebas».


       Las pruebas cuyo decreto se negó eran indispensables para determinar que el patrimonio de Rodrigo Castilla «era uno mismo, antes y después de la venta censurada».


CONSIDERACIONES


1. Respecto al motivo de casación contemplado en el numeral 5° del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, atinente a «haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado», esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con éxito son los siguientes:


(a) la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley; (b) el tratamiento que debe darse a las nulidades como motivo del recurso extraordinario de casación está igualmente sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, en concreto, al de la “especificidad…; (c) es menester que se evidencie interés en el recurrente para obtener la invalidación que solicita… emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona; y (d) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. (CSJ AC, 18 Dic. 2009, Rad. 2002-00007-01; CSJ AC, 25 Jul. 2011, Rad. 2006-00090-01).


Se ha precisado, de igual modo, que:


…miradas más como fórmula de reparación que como sanción y atendido su carácter fundamentalmente preventivo, las nulidades obedecen a unos ciertos y determinados principios que las justifican y sustentan; háblase así de los postulados de especificidad, convalidación y protección, el último de los cuales, en cuanto es el que viene al caso, ha sido consagrado con el fin de resguardar a la parte cuyo derecho fue cercenado por causa de la irregularidad.( cas. civ. 17 de febrero de 2003, Exp. 7509)


2. En este caso, el recurrente invocó como sustento de la nulidad, el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Los hechos en que se estableció tal solicitud, sin embargo, no se subsumen dentro de las hipótesis que contempla norma, lo que el propio impugnante reconoce.


En efecto, según tal disposición, el proceso es nulo «cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión». 


En el cargo, el censor adujo que se produjo la nulidad porque se negó el decreto de algunas pruebas, pese a que eran indispensables para el proceso.  Paralelamente, refirió que en el trámite «no se incurrió en la omisión del término ni de la oportunidad para pedir pruebas».


En consecuencia, en este evento no concurre el principio de «especificidad» mencionado, pues resulta claro que no está determinado como un motivo de nulidad la negativa al decreto de una prueba, supuesto que, por demás, difiere de la omisión del término para pedirla o practicarla.


Y en todo caso, aun de admitirse la tesis del recurrente, la nulidad ya estaría saneada, pues la parte interesada actuó en el proceso sin proponerla. (Artículo 143, inc. 6º del Código de Procedimiento Civil)  


Entonces, como la solicitud se fundó en una causal distinta a las contempladas en la ley, y, en todo caso, ya estaría saneada, su proposición resulta claramente improcedente. Por lo tanto, se impone el rechazo de la acusación en cumplimiento de lo normado en el inciso 4º del artículo 143 ejusdem, y atendiendo a que «la admisibilidad de este tipo de cargos está igualmente sometida a las reglas de los artículos 142 a 144 de ese ordenamiento jurídico (se refiere al C. de P.C.)». (CSJ. AC. dic. 16 de 2009. Rad. 2005-00396-01)


3. En suma, se admitirán los cargos séptimo y octavo, cuya formulación reunió los requisitos legales, y se inadmitirán lo restantes, según lo expuesto.

IV. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLES los cargos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y noveno de la demanda presentada por la parte demandada  para sustentar la impugnación extraordinaria dentro del asunto referenciado.  


SEGUNDO: ADMITIRLA respecto a los cargos séptimo y octavo.


En consecuencia, córrase traslado a la demandante por el término previsto en el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.


Notifíquese.



LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de la Sala)



MARGARITA CABELLO BLANCO

(En comisión de servicios)






ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA